SANTO DOMINGO, RD.-Los regidores electos al Consejo Municipal del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Consuelo Despradel y Waldi Taveras, demandaron hoy por ante el Tribunal Superior Administrativo la nulidad de la resolución No.25-2010, mediante la cual se dispone restaurar un fondo ilegal reembolsable de 3 millones de pesos en asuntos no previsto en el Presupuesto del ese cabildo, y sin la previa autorización del Consejo de Regidores. Taveras y Despradel denunciaron en rueda de prensa que el alcalde el Distrito Nacional, Roberto Salcedo, pretende gastar los fondos municipales sin fiscalización, lo que anularía por completo el Presupuesto Municipal y los controles presupuestarios para el uso de los fondos públicos, que son de obligatorio cumplimiento para los ayuntamientos.

Manifestaron que esa decisión del actual Concejo Municipal del Distrito Municipal violenta la ley 23/06 de Presupuesto del sector público y el decreto No. 492/07, que instituye su reglamento de aplicación, la ley 340/06 de compras de Contratación de Obras y Servicios de la Administración Pública, leyes que los síndicos deben cumplir al ejecutar los gastos municipales y los Concejos Municipales al dictar sus normas internas, no puede hacerlo en violación a esa disposición.

Dijeron que el alcalde Roberto Salcedo no puede realizar gastos que no estén previstos en el Presupuesto Anual del Ayuntamiento, sin la previa autorización del Concejo Municipal.

Asimismo, destacan que el artículo 336 de la ley 176/07: dice que no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Presupuesto, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin prejuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

“Por lo que la realización de estos gastos sin previo control, aunque estén autorizados por el Concejo Municipal, se realizarán en violación al artículo 334 de la ley 176/07, que regula el sistema de pagos de los ayuntamientos ya que las obligaciones de pago sólo serán exigibles al Ayuntamiento cuando resulten de la ejecución de sus presupuesto.

Indicaron que aunque están seguro de la justeza y legalidad de sus reclamos, ante la situación de temor que prima en los miembros de los poderes y organismos del Estado que deben ser renovados a partir de la nueva Constitución, solicitaron la opinión de la sociedad civil que tiene como objetivo observar la correcta aplicación y transparencia del uso de los fondos públicos.