El Partido Revolucionario Dominicano condenó hoy las presiones contra el espacio El Informe de Alicia Ortega, calificándola como “una nueva acción de un gobierno que procura acallar o reducir a su mínima expresión las opiniones e informaciones que considera contrarias a sus políticas”. Para el PRD no deja de ser una cruel paradoja que justo en el día en que se cumplen 51 años de la jornada libertaria de los héroes y mártires del 14 de junio de 1959, “nos veamos obligados a condenar atropellos y presiones oficialistas contra el ejercicio del periodismo independiente.

“Resulta insólito, una verdaderas aberración, que a estas alturas del proceso de libertades públicas conquistadas por el pueblo dominicano, y de los avances que registra la sociedad democrática contemporánea en todo el mundo, el gobierno del presidente Leonel Fernández insista en este tipo de prácticas”, precisa una declaración de la secretaría de Comunicaciones del PRD.

Se refiere el partido blanco a que en la prensa de hoy Fernando Hasbún, productor de Servicios Informativos Nacionales, acusa a Héctor Rodríguez Pimentel, director de Instituto Agrario Dominicano, de notificar a los anunciantes del programa El Informe de Alicia Ortega, de que podrían ser sometidos a la justicia si en ese espacio de televisión continúan los que considera ataques difamatorios en su contra.

Entienden los perredeístas que la acción contra el Informe de Alicia Ortega no es un hecho aislado y recuerdan al respecto que durante la recién pasada campaña electoral el gobierno aplicó la “Ley Mordaza” contra espacios televisivos como el del doctor Ernesto Fadul, caracterizados por ser muy críticos del gobierno.

Expusieron que otros espacios periodísticos como el de la comunicadora Nuria Piera han sido objeto de cuestionamientos y presiones por parte del gobierno. Piera denunció recientemente que el gobierno continúa pagando a más de un millón de personas con el único propósito de que mantengan lealtad política al partido de gobierno.

El PRD también inscribe en lo que denomina “tendencia al avasallamiento comunicacional”, la enorme cantidad de espacios propagandísticos que mantiene el gobierno del presidente Leonel Fernández como una sobre carga a sus operaciones financieras deficitarias.