El procurador de la República, Radhamés Jiménez Peña, anunció este martes que la búsqueda de Sobeida Félix Morel y José Figueroa Agosto extenderá hacia los polos turísticos del todo país para determinar si se encuentran en algunos de ellos, ambos están implicado en el decomiso de US$ 4.6 millones. Jiménez Peña respondió de esta forma ante las afirmaciones del doctor Marino Vinicio Castillo de que " hoy basta con esconderse en cualquier torre privada o en uno de los cientos complejos turísticos que hay en el país". Sin embargo, el máximo representante del Ministerio dijo desconocer si Félix Morel salió del país y añadió que las investigaciones en relación al caso están adelantadas, pero que no puede ofrecer detalles del mismo para no entorpecer las pesquisas.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, Vinicio Castillo, dijo que Sobeida podría estar escondida en algún complejo turístico del país, porque de viajar al exterior estaría más expuesta a ser capturada en algún aeropuerto internacional.

Por otro lado, Jiménez Peña aclaró que el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, no está involucrado en el expediente de la muerte de los supuestos secuestradores de Baldera Gómez, porque así lo determinó la comisión que estudio el caso.

Tras admitir este martes que el Estado y la justicia dominicana están siendo burlados por los prófugos Sobeida Félix Morel y Figueroa Agosto, consideró que hay que darle una respuesta a la sociedad con la captura de estos. Dijo que para la justicia es un asunto fundamental la captura de los fugitivos.

Jiménez Peña reconoció que el caso Félix Morel y Figueroa Agosto, implicado con el decomiso de los 4.6 millones de dólares, pone en entre dicho el sistema judicial dominicano.

Aseguró que todos los órganos investigativos del Estado y el Ministerio Público están trabajando arduamente para dar con el paradero de los prófugos hace ya un mes, y de quienes las autoridades no tienen pistas.

Tras calificar como una percepción de una parte de la población que atribuye el auge de la delincuencia y el narcotráfico a la complicidad de las autoridades con los narcotraficantes, el Procurador destacó las acciones del gobierno para combatir la delincuencia, la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción.

Por otra parte, Jiménez Peña defendió el proceso de investigación de la comisión sobre las circunstancias en la que perdieron la vida de los presuntos involucrados en el secuestro del joven Eduardo A. Baldera Gómez, y según las pesquisas los occisos fueron acribillados por los agentes policiales.

Anunció que la ciudadanía tendrá la oportunidad de ver en detalles los resultados del informe de la investigación, “para nosotros ese es un caso que ya está cristalizado”.

La jueza del Primer Juzgado de Instrucción de la provincia de Montecristi, Javierka Antonia Gómez, dictó el lunes tres meses de prisión preventiva contra cinco miembros de la Policía Nacional y un alférez de fragata de la Marina de Guerra acusados de ejecutar a dos de los supuestos secuestradores del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez.

Los acusados son el teniente coronel Alberto Trejo Pérez, el mayor Jesús Rafael Tejada Tejada, el mayor Franklin Santana Martínez, el segundo teniente José Luis Peralta Valentín y el segundo teniente Catalino de Jesús Pérez y el alférez de fragata Ramirito Dumé Nina.

El informe de la comisión que investigó la muerte de los presuntos secuestradores de Baldera Gómez reveló que Batista Checo y Díaz fueron asesinados, rechazando que se tratara de un intercambio de disparos.

La magistrada acogió la solicitud del Ministerio Público que pidió tres meses de prisión preventiva para los involucrados en las muertes de William de Jesús Batista Checo y Cecilio Díaz, quienes fueron asesinados el pasado diez de octubre, en la sección de Copey del municipio de Guayubín, Montecristi.

Baldera permaneció secuestrado durante 23 días, tras cuya liberación se produjo el hecho, que la Policía Nacional atribuyó en un intercambio de disparos.

El viernes, la comisión designada para investigar la muerte de los presuntos secuestradores del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez estableció que se trató de una ejecución, porque no se determinó que realmente se produjo un "intercambio de disparos" con agentes de la Policía.

Y determinó que cinco agentes policiales y un marino son los responsables de la ejecución de las dos personas y fueran remitidos a la justicia.