martes, 8 de diciembre de 2009

Nueva Constitución y azote del narcotráfico dominaron 2009 en RD


Santo Domingo, 8 dic (EFE).- La aprobación de una nueva Constitución y la preocupación ante la penetración del narcotráfico dominaron el panorama informativo de la República Dominicana en 2009, un año de limitaciones económicas e interminables cortes de energía eléctrica. El Congreso Nacional (bicameral) convertido en Asamblea Revisora, debatió y aprobó la reforma a la Constitución, impulsada mediante un pacto político entre el presidente dominicano, Leonel Fernández, y el titular del opositor Partido Revolucionario Dominicano y ex candidato presidencial, Miguel Vargas. Uno de los puntos del acuerdo que concitaron mayor interés fue el que eliminará la reelección presidencial consecutiva, aunque permitirá a cualquier ex presidente volver a presentarse tras un cuatrienio de pausa.

Redactado por un grupo de 13 juristas, el proyecto fue modificado por Fernández antes de someterlo a la Asamblea, donde las discusiones televisadas alcanzaron gran popularidad no por el contenido de las diatribas, sino por el empeño de muchos congresistas en captar la atención de las cámaras.

La nueva Carta Magna consagró la prohibición del aborto, y, entre otros aspectos, estableció el concepto de nacionalidad como una combinación entre la ascendencia y el territorio.

Otra de las decisiones de los asambleístas, muy cuestionada socialmente, fue la que garantiza a la población el uso de las playas y ríos, siempre que ese derecho no afecte el "interés privado", como habían exigido las organizaciones empresariales.

En 2009 el azote del narcotráfico fue un asunto central porque parece haber echado raíces profundas en el país, como indican los apresamientos de altos oficiales militares acusados de estar involucrados directa o indirectamente en este delito.

Ejemplo de ello es el juicio pendiente de apertura contra un grupo de militares y civiles acusados de perpetrar la "matanza de Paya", en la que siete colombianos fueron asesinados en esa comunidad del sur del país en agosto de 2008.

El múltiple crimen es atribuido por las autoridades a una disputa por unos 1.300 kilos de cocaína, que hasta el momento no han sido encontrados.

Una de las nuevas estrategias de los organismos oficiales contra este problema ha sido retribuir con generosas sumas a los agentes que se destaquen en la lucha contra los narcotraficantes.

Esta parece ser una buena dirección, si se toma en cuenta el monto de los más sonados decomisos de dinero atribuido al narcotráfico.

Entre esas incautaciones figura la de 4,6 millones de dólares hallados en un exclusivo sector de Santo Domingo en un vehículo todo terreno propiedad del puertorriqueño identificado como José Figueroa Agosto, quien burló la persecución policial y aparentemente abandonó el país.

En ese operativo fue detenida su compañera sentimental, la dominicana Sobeida Félix, declarada prófuga tras obtener su libertad bajo fianza y con ello desatar un escándalo mayúsculo, del que se hizo eco hasta el propio presidente Fernández, quien cuestionó la decisión judicial y ordenó una "búsqueda de Estado" de la fugitiva.

En el campo económico cabe destacar la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que acudió el Gobierno ante una caída importante en las recaudaciones y el cada vez más elevado subsidio al sector eléctrico.

El convenio dará al Gobierno el acceso, en 28 meses, a 1.700 millones de dólares con los que espera cubrir el déficit de recaudación y dinamizar la economía, sacudida, además, por una merma en el turismo y un desempleo que ronda el 15 por ciento, el más alto en los últimos cinco años.

Las autoridades esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 3,0 por ciento para 2009, mientras los pronósticos del FMI le otorgan poco más del 1,0 por ciento.

Los dominicanos continuaron en 2009 sufriendo prolongados apagones, alzas continuas en los productos de consumo diario, y huelgas, como medio de protesta popular y, en el caso de los médicos, gremial.

Y la Justicia envió a la cárcel a otro banquero condenado por enriquecimiento ilícito, el ex presidente del Banco del Progreso, Pedro Castillo.

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