Washington, 11 dic (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Barack Obama, afirmó hoy que el país no puede permitirse la quiebra de las principales empresas automovilísticas. En una rueda de prensa en Chicago para anunciar la designación de Tom Daschle como su secretario de Salud Pública, Obama dijo que el conjunto de medidas que se debate en el Congreso para rescatar a General Motors, Chrysler y Ford es necesario, pero al mismo tiempo se debe garantizar "los intereses de los contribuyentes".

El mandatario electo explicó en su octava rueda de prensa tras su triunfo en las elecciones del pasado 4 de noviembre que si las autoridades no actuaran y las tres grandes automovilísticas quebraran, ello tendría "un efecto dominó destructor" en el resto de la economía.

El plan de rescate para los "tres de Detroit" cuenta con la oposición de buena parte del público estadounidense, en especial por venir después del paquete aprobado para el sistema financiero, al que se han destinado 700.000 millones de dólares.

El público estadounidense también critica lo que se percibe como errores en la gestión de estas firmas, poco competitivas frente a sus rivales asiáticos.

Obama aseguró que entiende "el enfado y la frustración" acerca de la situación actual, pero insistió en la necesidad de una asistencia pública a corto plazo a esas empresas que también tenga en cuenta los intereses de los contribuyentes.

El que será el primer presidente negro de EE.UU. aseguró que el plan que se debate en el Congreso, por valor de 14.000 millones de dólares, representa un "paso adelante".

Aunque el plan se encuentra ahora pendiente de la votación en el Senado, el futuro mandatario expresó su optimismo de que pueda verse aprobado esta misma semana.

El proyecto de ley ya fue aprobado la noche del miércoles en la Cámara de Representantes por 237 votos a favor y 170 en contra.

El monto aprobado para General Motors, Ford y Chrysler es inferior a los 34.000 millones de dólares que solicitaron la semana pasada, pero, según los partidarios del plan, es suficiente para mantenerlas a flote hasta marzo de 2009.

La legislación aprobada por la Cámara de Representantes obliga a las empresas a limitar los salarios y compensaciones de ejecutivos, y los dividendos de accionistas, y a elaborar un plan detallado, para el 31 de marzo de 2009, sobre la viabilidad a largo plazo.