El manejo politiquero de los expedientes de corrupción, la decisión de los diputados de participar en mayor medida de la repartición del botín en que los partidos del sistema han convertido el erario, y la práctica ilegal de instituciones como la Policía Nacional y la propia Presidencia de la República, constituyen bochornosas muestras de podredumbre. El actual gobierno sigue la línea marcada por sus antecesores de exigir favores politiqueros a cambio de garantizar la impunidad y pagar con puestos en el Estado y con prebendas el alquiler de adhesiones administradas por inescrupulosos mercaderes.

El pasado 19 de mayo, Ángel Lockward, secretario sin cartera, acusó al también ex dirigente del Partido Reformista Social Cristiano Héctor Rodríguez Pimentel de desviar una parte de los fondos que recibió del Partido de la Liberación Dominicana para repartir dádivas a cambio de votos favorables a la reelección de Leonel Fernández. Atribuyó a esta desviación el hecho de que en las zonas en que a Rodríguez Pimentel le correspondió pagar el activismo reeleccionista, el Presidente obtuvo menor cantidad de votos.

Pocos días después, el Estado cesó la acción contra Lockward por la acusación de fraude contra el erario a través de los cupones de subsidio al gas propano durante siendo Lockward secretario de Industria y Comercio, durante el gobierno de Hipólito Mejía. Lo mismo se hizo con el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), en cuya aplicación hubo desfalco y fueron acusadas personas del entorno de Fernández (incluso Diandino Peña, su colaborador favorito). Lo mismo que se hizo durante el gobierno de Hipólito Mejía con la acción contra el ex presidente Salvador Jorge Blanco.

Borrón y cuenta nueva otra vez, pero cuenta nueva de saqueo al Estado y de despojo a las mayorías.

Gobierno tras gobierno, el sistema político se ha mostrado incapaz de devolver al pueblo lo que le ha sido robado, y de detener el saqueo.

Los ingresos mensuales millonarios que perciben los más altos funcionarios constituyen una entre muchas formas de despojo institucionalizado. Varios analistas han sido puestos a decir que los altos sueldos constituyen un antídoto contra la corrupción, pero los aumentos a los funcionarios son escandalosos mientras el trabajo de las mayorías sigue siendo mal pagado, con dinero escaso en moneda que pierde valor.

Gobierno y empresarios entienden imposible aumentar salarios a quienes menos ingresos perciben, y 50 mil pesos equivale a 10 veces el salario mínimo en muchas empresas y al ingreso de un docente universitario que trabaja 8 horas cada día. ¡Y es lo que los diputados proponen aumentar a su sueldo de 120 mil más incentivos! ¿Con qué derecho ponen ese precio a la actividad politiquera?

El Poder Ejecutivo controla parte de la repartición de prebendas. No es casual que, después que la Secretaría de la Presidencia, cargo en el que Joaquín Balaguer colocaba a sus colaboradores inocultablemente parásitos, ha permanecido sin incumbente durante más de año y medio (desde la renuncia de su socio separado Danilo Medina), Leonel Fernández anuncia que nombrará a alguien en el puesto. ¡Otro sueldo a sumar a los que devengan cientos de subsecretarios sin funciones y a los beneficios que perciben funcionarios ya millonarios! El Presidente ensaya nuevas formas, onerosas y condenables todas, de premiar a sus nuevos y viejos colaboradores.

Y para imponer a las mayorías el pago de la politiquería, el sistema político utiliza a los cuerpos represivos. La corrupción y la brutalidad policial descritas en el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se hacen más evidentes, porque suben de nivel con los frecuentes “intercambios de disparos”, la represión a la protesta, el abuso contra los pobres...

Es la Policía para un Estado con la podredumbre como marca, comprometido a hacer pagar a las mayorías los privilegios de minorías voraces y los premios a quienes alquilan la adhesión a ciertos proyectos politiqueros. ¡Es el colmo!