El Gobierno no ha respondido hasta este mediodía al cuestionamiento que le hiciera la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) por la intervención del Poder Ejecutivo en el conflicto entre los transportistas de petróleo y la Chevron Caribbean. Dice la entidad que esto podría afectar seriamente la institucionalidad democrática del país.

Critica Finjus que las autoridades intervinieran luego que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal dictara una sentencia ordenando a la Asociación de Transportadores de Petróleo y el Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Petróleo y Afines, poner fín al bloqueo que mantenían en contra de la Chevron.

Agrega que “en lugar de proceder a ejecutar la sentencia mediante la eliminación del bloqueo declarado ilegal de conformidad con la leyes y el debido proceso, en un acto inaudito, el Presidente y el Vicepresidente de la República recibieron en el Palacio Nacional a los transportistas y chóferes, e iniciaron una mediación cuyo punto de partida fue dar seguridades a quienes habían usado la arbitrariedad y no el derecho, de que sus demandas serían satisfechas”.

La Finjus califica de inoportuna y contraproducente la forma de intervención del Poder Ejecutivo, ya que entiende que en lugar de hacer que se respetara la decisión judicial, abrió el camino para legitimar el recurso del uso de la fuerza por parte de un sector determinado.