En tanto que la conveniencia lo aconseja, se lanza un globo inflado de algún escándalo en el manejo de los fondos públicos a fin de copar la atención de los medios de comunicación y con ello despertar el entusiasmo de los espectadores, pero, lograda la concreción del objetivo propuesto, se desinfla dicho balón y vuelve el tema de la corrupción a engavetarse para ser retomado cuando el interés circunstancial lo amerite.

Con esa gran destreza en el manejo político de la degradación social, se mantiene intacta la vía de acceso para la apropiación indebida de los bienes públicos y, a la vez, se promueve la idea de que el flagelo de la corrupción es un tumor inextirpable enquistado en el cuerpo de las sociedades en desarrollo, cuya única cura posible es la resignación colectiva y la conformidad de verla transcurrir impertérrita, al tiempo que se mofa de las mayorías.

No es casual que se le equipare con un cáncer incurable, pues en el trasfondo de la comparación lo que subyace es la pretensión de que fruto de la imbecilidad que se le supone a los comunitarios, terminemos aceptando que ciertamente la ciencia es incapaz de forjar mecanismos legales necesarios para frenar las ambiciones e inmoralidades de ciudadanos cuya voracidad diabólica no respeta principios ni valores.

Y, hasta cierto punto, ha surtido efecto la coartada, porque existiendo en el país plena conciencia de que no disponemos de reglas jurídicas idóneas para combatir la corruptela que corroe la cimiente de la administración pública, es poco lo que hacen, con contadas excepciones, aquéllos que ostentan las posibilidades reales de impulsar legislaciones efectivas para sancionar de manera ejemplarizadora el saqueo que año tras año se comete en perjuicio del erario.

En la moderna normativa procesal penal puesta en vigencia en nuestro país se consagra el principio de separación de funciones como espinal dorsal del sistema acusatorio, esto implica una clara delimitación de los roles: el Ministerio Público investiga y persigue, el Juez juzga lo que le llevan. Para explicárselo en un lenguaje más llano, el único funcionario que tiene facultades legales para llevar al banquillo de los acusados a un corrupto es el Ministerio Público que acusa y recopila las pruebas, el Juez sólo valora y juzga.

Entonces, siendo que la persecución penal y la investigación de los hechos está en manos del Ministerio Público ¿creen ustedes que un funcionario subordinado, cuya estabilidad laboral depende de un simple decreto, sería capaz de ejercer objetivamente sus funciones a sabiendas de que si se equivoca y toca ciertas teclas podrían destituirlo sin ningún tipo de rubor ?

Ahora comprendo las razones que tuvieron algunos para tratar fríamente la propuesta del Magistrado Jorge Subero en torno a la creación en el país de un Fiscal Anticorrupción, independiente del poder político; otros hicieron como el joven rico, recogieron su fortuna y se esfumaron asustadizos por temor a ser descubiertos.