COTUI.- El diputado y alcalde electo de este municipio, Rafael Molina Lluberes, dijo que los ejecutivos de la empresa minera Barrick Gold admitieron que el presidente Leonel Fernández recibió presiones para aceptar el contrato de explotación de los yacimientos de oro y plata de Pueblo Viejo en perjuicio de la República Dominicana. El legislador expresó que la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, le puso una camisa de fuerza al presidente Leonel Fernández para que aceptara el contrato con la empresa minera.

Precisó que esa ha sido la peor negociación que han hecho las autoridades y aclaró que la posición que han asumido en Cotuí no es en oposición a la explotación de los yacimientos mineros, sino a que se ponga control a la contaminación presente y futura, así como para que se le entreguen los fondos que debe recibir la provincia Sánchez Ramírez.

Molina Lluberes advirtió que para la tranquilidad de la empresa y la provincia Sánchez Ramírez, la Barrick Gold debe hacer las gestiones para garantizar la modificación del contrato de explotación que fue aprobado en el Congreso Nacional.

Dijo que la empresa le ha prestado al gobierno para hacer frente a problemas sociales, pero no han podido avanzar nada para resolver necesidades de la provincia Sánchez Ramírez, la cual tiene dificultades en el suministro de agua potable, carece de planta de tratamiento de agua potable, así como en el municipio de Cotuí tiene 9 kilómetros y medio de cañadas que están contaminando la población.

Explicó que los diferentes sectores de la población tienen el interés general de que se resuelvan sus problemas, no que se compren dirigentes y personalidades de las comunidades como se ha hecho.

El legislador habló durante un encuentro con el director ejecutivo de la Barrick Gold, Fernando Sánchez Albavera, en la universidad Iteco, donde estuvieron presentes funcionario del gobierno y representantes de los diferentes sectores de la provincia Sánchez Ramírez.

Manifestó que no es el Estado quien tiene que pedir la modificación del contrato con la Barrick, ya que cualquier conflicto que surja puede decidirlo cualquiera de las dos partes para tranquilidad de la comunidad, la empresa y el país.

“Ese contrato es una vagabundería, beneficioso para la multinacional, perjudicial para nuestro municipio, la provincia y el país, porque el anterior contrato con la Placer Dome tenía algunos beneficios, pero ahora tenemos que esperar que la Barrick Gold saque su capital”, precisó el legislador y alcalde electo.

Molina Lluberes considera como una gran injusticia que el Estado asuma el pasivo ambiental externo a la mina, a pesar de que el Estado nunca invierte recursos en corregir daños ambientales.

Entiende que la revisión del contrato entre el Estado y Barrick Gold es necesario a fin de que la República Dominicana obtenga el 50% de los beneficios desde el primer año de operación sin tomar en cuenta los precios del oro.

Expresó que la empresa minera debe asumir todos los pasivos ambientales internos y externos a la mina, incluyendo el arroyo Margajita, el río Maguaca y la presa de Hatillo, así como el río Yuna.

Reitera que el contrato despoja al pueblo dominicano de sus riquezas de oro, plata, cobre y zinc para cederlo a la Barrick que compró el contrato cuando la onza de oro estaba a US$540, pero que ahora se cotiza a US$1,100.00 la onza.

Manifestó que la empresa no quiere compartir con los dominicanos los beneficios de los minerales que ha sido favorecida la provincia Sánchez Ramírez por la naturaleza.

Sostuvo que pocos países del mundo pueden exhibir una mina de oro y plata como la de Pueblo Viejo, en Cotuí, con una reserva de oro de alrededor de 22 millones de onzas troy y reserva de plata de 117 millones de onzas troy, cuyo valor está ahora por encima de los US$25,000 millones.

De continuar el contrato vigente el Estado dejaría de percibir US$1,300 millones los cuales podrían ser utilizados para mejorar la educación, salud, el suministro de energía eléctrica y agua potable.