SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández dispuso este lunes, mediante el decreto 56-10, para que de manera transitoria las 19 secretarías de Estado pasarán a denominarse Ministerio, y los incumbentes con rango de secretario y subsecretarios de Estado sarán Ministros y Viceministros, hasta tanto el Congreso apruebe la legislación correspondiente. La nueva Constitución, en su artículo 134 establece que “para el despacho de los asuntos de gobierno habrá los ministerios que sean creados por ley”. La ley que regule los ministerios deberá entrar en vigencia más tardar en octubre del 2011.

En el artículo quinto de la misma disposición, el ejecutivo creó una Comisión que se encargará de la redacción del Proyecto de Ley de Organización Administrativa, misma que estará integrada por los ministerios de la Presidencia y de Administración Pública, así como por la Consultoría del Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE).

El decreto fue dado a conocer por el Ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, pasada las 1:00 de la tarde, luego de reunirse con el Presidente Fernández.

Precisa el decreto, que la Comisión tendrá un plazo de 180 días para presentar el proyecto en cuestión; que en sus lineamiento deberá establecer, entre otras cosas, disposiciones relativas al funcionamiento y estructura del Consejo de Ministro, deberes de los Ministros, Viceministros, y e las demás funciones de libre nombramiento y remoción establecidos en el referido proyecto; y disposiciones relativas a los organismos autónomos y descentralizados, estableciendo su relación y colaboración con los órganos centralizados.

Asimismo, indica que los secretarios de Estado sin Cartera mantendrán su actual denominación, funciones, y remuneraciones, de conformidad con la legislación vigente.

En uno de los considerando de la disposición se lee “que resulta primordial para elevar los niveles de institucionalización del Estado dominicano, la presentación de un Anteproyecto de Ley de Organización Administrativa, que incorpore en el mismo los criterios básicos de organización de la administración pública y regule, a la vez, la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, acorde con el nuevo mandato constitucional.