domingo, 19 de julio de 2009

LF encuentra escenario de reclamos por corrupción, apagones y obras


SANTO DOMINGO.- A su regreso al país, luego de un viaje de diez días por varias naciones, el presidente Leonel Fernández se encuentra con un escenario matizado por el reclamo de diversos sectores por la corrupción y las protestas en comunidades por el recrudecimiento de la crisis eléctrica y otras reivindicaciones. Pese a que el presidente Fernández, en una entrevista concedida en el exterior, atribuyó las denuncias de presuntos actos de corrupción a intereses políticos, este domingo la Iglesia Católica, representantes empresariales y políticos continúan demandando del gobierno hacer frente a los actos corrupción que se han denunciado en la administración pública.


Asimismo, durante las últimas semanas comunidades de la región Norte del país, y algunos sectores de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, han desarrollado violentas jornadas de protestas por los prolongados apagones, así como en demanda de obras locales.


Mientras que, a partir de este martes 22 al jueves 23, unas siete organizaciones populares, sindicales y comunitarias de Bonao, Piedra Blanca y Maimón, y otras comunidades han programada una jornada de protestas y movilizaciones, el reclamo del cese de los apagones, la delincuencia, por la falta de servicios del agua potable, y la entrega de las edificaciones que alojará el centro regional de la UASD), entre otras reivindicaciones.


Entre las voces que se levantaron este domingo contra la corrupción están; el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez; el arzobispo de la diócesis de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio; el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Franklin García Fermín; el nuevo presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD, Miguel Vargas Maldonado; el titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa; el empresario Manuel Cabrera; y el ex fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno;


Se recuerda que recientemente más de 30 entidades empresariales, emitieron un comunicando conjunto en el que pidieron a las autoridades actuar frente a los presuntos actos de corrupción en el gobierno.


Este domingo, el Cardenal abogó porque el jefe del Estado preste mayor atención a los escándalos de corrupción y establezca responsabilidades. Atribuyó la crisis que sacude los partidos políticos del país a la apetencia que tienen los líderes de llegar al poder y beneficiarse en los cargos públicos.


De su lado, monseñor de la Rosa y Carpio también se ha referido este domingo al manejo de los fondos públicos y el respeto que debe haber, deplorando que, “dolorosamente nos hemos encontrado con personas que estando en una situación determinada, han criticado la corrupción y se han preciado de ser honrados, pero luego, cuando obtienen algún cargo y han de administrar dineros o bienes que no son suyos, son todo lo contrario, se corrompen igualmente, y de la misma manera que se corrompen, pierden la honradez”.


Por otra parte, Miguel Vargas Maldonado, en su discurso inaugural como nuevo presidente del PRD, aseguró que en este gobierno ha sido en el que se han cometido más actos de corrupción.


En tanto que el rector de la UASD, Franklin García Fermín, reveló que los actos de corrupción superan los 90 mil millones anualmente, y sugirió al presidente Leonel Fernández cambiar todos los funcionarios de su gobierno que estén señalados en actos de corrupción.


En cambio, la posición del presidente de la Suprema, Jorge Subero Isa, es que la corrupción en la administración pública sólo se acabará o se sancionará con la designación de un Fiscal Nacional Anticorrupción, que no dependa del Poder Ejecutivo, sino que sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura.


En ese sentido, reiteró en que falta voluntad para sancionar a los corruptos por parte de la autoridad competentes.


Mientras que Guillermo Moreno, afirmó que la gran aliada de la corrupción gubernamental es la impunidad y critico la falta de acción por parte del Ministerio público, ante las denuncias de irregularidades en el manejo de los recursos del Estado.

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