El Frente Amplio emplazó a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) a intervenir el presupuesto del despacho de la Primera Dama, Margarita Cedeño de Fernández,  y de otros funcionarios que puedan usar los fondos públicos en su favor, ya que en su afán desmedido por mantenerse en el poder no escatiman ningún esfuerzo para usar los fondos del Estado en su campaña política.En una sesión de la presidencia nacional del Frente Amplio los dirigentes acordaron pedir a los miembros del organismo electoral a que cumplan con lo que establece la Constitución de la República de garantizar la equidad en la campaña con miras a la Presidencia de la República.

El Frente Amplio pidió a los integrantes de la JCE evitar el uso indebido de los fondos públicos por parte del Partido de la Liberación Dominicana y sus candidatos presidencial y vicepresidencial.

“Es más que evidente que la candidata a la vicepresidencia de la República, Margarita Cedeño de Fernández, ha estado utilizando los recursos públicos para su promoción personal para un cargo oficial, además de que su esposo Leonel Fernández Reyna, es el presidente de la República, quien no debe proporcionar ventajas a un asociado, familiar o allegado”, precisa.

La posición de la presidencia del Frente Amplio fue expuesta por el candidato presidencial de la organización Julián Serulle, quien estuvo acompañado por  Manuel Salazar, Virtudes Álvarez, Fidel Santana, Eddy Bautista, Arsenio Hernández, Higinio Báez, Víctor Bretón, entre otros dirigentes de la organización.

 “Ante el historial de corrupción de este gobierno, lo único que puede evitar que los recursos del Estado sean usados a favor de la candidatura presidencial y vice presidencial es que la JCE intervenga el presupuesto del Despacho de la Primera Dama, Margarita Cedeño de Fernández y los funcionarios que participan directamente o indirectamente en la campaña electoral”, precisa la nota de la organización que postula a Julián Serulle a la presidencia de la República.

Precisa que el artículo 146 de la Constitución condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado y prevé sanciones a toda persona que sustraiga fondos públicos, o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones  autónomas obtengan para sí o para terceros provecho económicos.

De igual modo, establece sanción para las personas que proporcionen ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.

El Frente Amplio destaca que el artículo 212 de la Constitución encomienda a la Junta Central Electoral velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento.

La organización asegura que la JCE tiene facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.

Por otro lado, el organismo de dirección del Frente Amplio aprobó el informe político presentado por el secretario general, Arsenio Hernández, en el  que trazan la línea política del trabajo de la organización, la organización de la Cumbre de Candidatos y diferentes actividades políticas, incluyendo la caminata programada para el 4 diciembre en la capital.

Además el organismo que preside Julián Serulle le otorgó plenos poderes como candidato presidencial y a la Co presidencia para que continúen desarrollando las labores que garanticen fortalecer el Frente Amplio y su inserción en las masas populares.

También autorizó a su presidente y candidato presidencial, así como a la Co Presidencial a continuar las labores de contactos con otras fuerzas políticas a fin de garantizar el éxito de la Cumbre de Candidatos Presidenciales programada para el 10 de diciembre, para integrar un conjunto de fuerzas políticas que estén en capacidad de vencer el proyecto continuista o relesionista de los partidos tradicionales.

En su resolución la entidad destaca su empeño por conquistar el poder para realizar los cambios sociales que demanda el pueblo dominicano.