Santo Domingo.-El Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, no descartó que en el expediente de la red del boricua José David Figueroa Agosto estén involucrados militares y policías que estuvieron a su servicio en este país. Moscoso Segarra dijo, empero, que los nombres surgirán en el desarrollo del juicio de fondo que se les sigue al grupo de 8 acusados de ser testaferros de Figueroa Agosto.

Los imputados en este caso son Ivanovich Smester Ginebra, Sobeida Félix Morel, Eddy Brito, Mary  Peláez Frappier, Sammy Dauhajre, Juan José Fernández Ibarra, Adolfina Peláez Frappier,  y  Madeline Bernard Peña.

Todos están pendientes de acudir el día 09 de este mes al  juicio de fondo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, del que el funcionario añadió que saldrán a relucir los nombres de los militares y policías que ayudaron a facilitar documentaciones que tenía el presunto capo boricua cuando fue descubierto por las autoridades. El representante del Ministerio Público se expresó en estos términos durante una visita a EL NUEVO DIARIO, donde respondió preguntas del Director General Persio Maldonado y de la Directora Ejecutiva de El Nuevo Diario, Cosette Bonnelly, así como del Jefe de Redacción, Ramiro Estrella.

Respecto a los acusados de sicarios que forman parte de la red de Figueroa Agosto, Moscoso Segarra dijo que la persona que mató al ex coronel José Amado González González está dentro del grupo de los 11 imputados, cuyo nombre también saldrá a relucir, pero durante el juicio preliminar.

Este martes 1 de marzo, la jueza del tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Elka Reyes Olivo,  aplazó para el próximo día ocho, el juicio preliminar  que se les sigue a los once presuntos sicarios acusados de asesinar al coronel González González, el empresario Rubén Soto Hayet, al ingeniero Omar Lantigua y a otras dos personas.

La magistrada aplazó de forma obligatoria la audiencia, porque la barra de la defensa salió de la sala, ya que los defensores públicos habían solicitado que se aplazara porque alegadamente fueron notificados tarde.

Alegaron que necesitan los cincos días que establece la ley para estudiar el expediente y luego depositar en el tribunal los elementos probatorios de sus clientes.

En la audiencia de este martes, la jueza impidió el acceso a los periodistas para cubrir el juicio a los supuestos sicarios,  lo que motivó las críticas de periodistas y abogados  que sostuvieron que los juicios son públicos y contradictorios.

La magistrada Reyes Olivo ordenó de forma drástica a la seguridad del tribunal que impidiera el acceso de los comunicadores.

La decisión de la jueza contradice la posición del presidente de la Suprema corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, quien ha declarado que los tribunales deberán estar abiertos a los medios de comunicación durante la ventilación de audiencias.

El doctor Pedro Duarte Canaán, abogado de uno de los implicados, dijo que ninguna defensa había solicitado al tribunal excluir los periodistas del juicio, y que por el contrario, desean que estén en la audiencia.

La Fiscalía del Distrito Nacional, a través de su representante, la fiscal adjunta Cándida Ramos, solicitó al tribunal enviar a juicio de fondo a los imputados.

De acuerdo a las investigaciones hechas por la comisión que investigó los asesinatos del coronel González González, del empresario Soto Hayet y del ingeniero Antigua, los imputados recibieron US$90,000 de la red de Figueroa Agosto.

Alega tener un documento donde están plasmados los nombres de cinco personas que podrían ser asesinadas por los 11 supuestos sicarios en prisión.

Dicha comisión estuvo integrada por los generales José Polanco Gómez y Juan Manuel Fructuoso Heredia, así como por la fiscal adjunta Cándida Ramos, coordinadora del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (homicidios).

La comisión afirma que pudo determinar que Figueroa Agosto impartía las órdenes a Gian Rojas Matos (El boricua), quien alegadamente junto a su compadre, Ricardo Pérez Mateo (Maceta), contactó para ejecutar los crímenes,  los servicios del jefe de la banda los “Latin King”, Winston Antonio Rodríguez Tavarez (Fire Cangri) y que  Rojas Matos pagó entre US$30,000 y US$35, 000 una vez concluían las misiones.

También alegan que  participaron en las ejecuciones, Rodríguez Tavares, quien fue deportado de Estados Unidos por tráfico de drogas, que alegadamente utilizaba a los miembros de su organización criminal identificados como Juan Amauris Rodríguez Minier (Daytona), José Aníbal Hidalgo García (Mormo) y José Miguel Rodríguez Almonte (John), “todos con un amplio historial delictivo que incluye la muerte de dos agentes de la Policía”, dice el expediente acusatorio.