La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sometió este martes ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la  República (CARD) a un miembro de esa organización que alegadadamente estafó a una mujer con US$75,000 utilizando el nombre del mayor general Rolando Rosado Mateo, presidente de la agencia, y el de un fiscal adjunto del Distrito Nacional, con la promesa de que le serían devueltos 27 vehículos retenidos.

El licenciado Juan Carlos Acosta Pérez fue sometido por dicha dependencia, por una querella interpuesta en su contra  suscrita por el mayor general Rosado Mateo, acción que coincide con otra ante la misma instancia del CARD depositada por la señora Mayra Ivelisse Cordero Peguero, que alega la supuesta estafa de US$75,000.

La señora Cordero Peguero, dijo que junto a Francisca Pérez Gómez contrató los servicios de Acosta Pérez y que le entregó la alta suma para iniciar las supuestas diligencias para recuperar los 27 vehículos bajo custodia del Ministerio Público.

Explicó que dichos vehículos fueron incautados a sus parientes Roberto Antonio Ortiz Cordero y Roy Francisco Sánchez Zamora, presuntos dueños de dos agencias de ventas  ubicadas en el municipio Santo Domingo Oriental, quienes están implicados en otro caso de  lavado de activos.

De acuerdo a la querella de Cordero Peguero, el profesional en derecho visitaba a los imputados en sus celdas de la cárcel de La Victoria para exigirles RD$2,400,000 adicionales para hacer su trabajo.

El CARD inició las investigaciones de lugar, por medio del fiscal de su Tribunal Disciplinario, presidido por el licenciado Pedro Domínguez Brito, a los fines de valorar los requerimientos contra el sometido, entre ellos invalidarlo de manera perpetua para ejercer la profesión de abogado, sometimiento que  fue hecho el 11 del mes de mayo en curso.

Según los principios a que debe acogerse un profesional sobre la materia. “Los deberes esenciales que la profesión de abogado impone a todo profesional del derecho son: la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad”, se lee en el artículo primero del Código de Etica del Abogado.

El jurista Acosta Pérez fue detenido a finales de diciembre de 2009 por mandato de la Fiscalía del Distrito Nacional, por alegadamente haberse apoderado de un lujoso apartamento propiedad del boricua José David Figueroa Agosto, pero luego fue liberado mediante garantía económica (fianza) en el Juzgado de Atención Permanente, presidido en esa oportunidad por el magistrado José Alejandro Vargas.

El inmueble está ubicado en la Avenida Bolívar, en el sector La Esperilla, donde precisamente estaba el profesional del derecho al momento de su arresto el 28 de diciembre por instrucciones del fiscal Alejandro Moscoso Segarra.

No fue posible determinar a qué nivel está el expediente en el Séptimo Juzgado de la Instrucción, pero en el CARD se explicó que las investigaciones están avanzadas.