Es ostensiblemente contradictorio que durante los últimos años el Gobierno haya mantenido el mismo nivel de inversión en educación, a pesar de que el producto interno bruto (PIB) ha seguido un ritmo de crecimiento sostenido que lo coloca entre los más altos de la región.


La contradicción se torna más evidente desde el momento en que las mismas autoridades nacionales reconocen que el sector educación aporta el insumo esencial para cualquier estrategia de desarrollo existosa.


Ahora, a propósito del proyecto de presupuesto para 2008, se han escuchado nuevamente las voces que claman para que la partida asignada a educación se ajuste a los términos de la ley.


En ese sentido, el Foro Socioeducativo, que agrupa a 17 organizaciones, ha reclamado del Congreso de la República que le asigne al sector el cuatro por ciento del PIB o el 16% del presupuesto, tal y como lo dispone la Ley General de Educación.


La inversión que en ese aspecto hace el Gobierno, el 2.4% del PIB, es una de las más bajas de América Latina y el Caribe. En esas condiciones, el financiamiento por alumno en el país no supera los 330 dólares al año, frente al nivel mínimo mundial de mil dólares por estudiante.


Que esa situación se mantenga, a pesar de lo que la ley dispone, es un indicador de la debilidad institucional del país.


Para comenzar a revertir esa situación, todos los sectores de la nación harían bien en sumarse al justo llamado hecho al Congreso por el Foro Socioeducativo.