NUEVA YORK._ Josie Almonte, una estafadora dominicana, hallada culpable de robar más de $50.000 dólares a compatriotas e inmigrantes de otros países a quienes ofrecía conseguirles apartamentos haciéndose pasar por agente de bienes raíces, fue condenada este jueves en la Corte Suprema de Manhattan a entre 3 años y un tercio y 10 años de prisión. Almonte, fue encontrada responsable de 19 cargos por hurto mayor en tercer grado, dos de hurto mayor en cuarto y primer grado. También de personificación criminal (impostora) y otros relacionados con su esquema de fraude.

Tras la sentencia, impuesta por el juez Wittner, el magistrado emitió 15 órdenes de protección a favor de cada una de las víctimas. El juicio al que se enfrentó Almonte, quien escogía sus víctimas en el Alto Manhattan y el Sur de El Bronx, duró cuatro semanas.

El jurado la encontró culpable de 28 de los 32 cargos. El encausamiento fue dirigido por la fiscal adjunta Sarah Ritch, quien pidió una sentencia más drástica contra la dominicana. La fiscal pidió al juez condenarla también a la devolución del dinero, pero una investigación previa demostró que no tiene nada en su cuenta bancaria.

A pesar de la condena, Almonte, mantuvo su inocencia y no quedó claro si su abogado apelará la condena.

estafó a 16 víctimas en un fraude de bienes raíces y según el expediente, se aprovechaba  de la vulnerabilidad de quienes necesitaban apartamentos y casas y buscaban el beneficio de la Sección 8 (programa de viviendas del gobierno federal).

La sentenciada tomaba el dinero con la falsa promesa de asistir a las víctimas y conseguirles una vivienda con subsidio gubernamental. El fiscal dijo que el caso de Almonte, es representativo de criminales que toman ventajas de las necesidades de la gente para robarles a través de diferentes tipos de estafas.

La mujer fue hallada culpable de la estafa pirámide el 9 de marzo de este año y responsable de 28 cargos relacionados con los delitos de hurto mayor en primer grado, esquema de estafa y suplantación criminal.

Se hacía pasar como “agente” de bienes raíces y en algunos casos entregó tarjetas de presentación auto calificándose como tal y decía que era propietaria de la empresa  Empire Real Estate, luego de haber trabajado en el 2008 por poco tiempo como traductora para esa compañía.

A ella nunca la autorizaron a usar las tarjetas de la empresa de bienes raíces, por lo que usurpó el nombre de la compañía. Pedía depósitos de 2.000 y 10.000 dólares a algunas de sus víctimas, prometiéndoles conseguirles apartamentos de la Sección 8. Casi todos los estafados y las estafadas, tenían un documento llamado “voucher” (vale) que entrega el referido programa a quienes pre cualifica para los apartamentos del gobierno. El documento estaba casi al caducar, lo que ella también aprovechó para prometer “actualizarlo” y conseguir las viviendas.

Mostró propiedades de alquiler en Manhattan y El Bronx a las víctimas a pesar de que no estaba autorizada para hacerlo. Incluso, firmó “contratos” (leases) de arrendamientos, entregó “llaves” de apartamentos y en algunos casos, les dio recibos a los estafados y estafadas como prueba del dinero que le habían entregado.

Suministraron sus informaciones personales a la estafadora.

Varias de las víctimas se pusieron en contacto con la Autoridad de Viviendas, pero recibieron respuesta sobre sus casos, descubriendo que no tenían archivos o récord en relación a sus peticiones para la Sección 8.  Las víctimas se quejaron en la oficina del presidente del condado de Manhattan, Scott Stringer, quien remitió el caso a la fiscalía.

“Esos criminales deben entender que no están fuera de nuestro alcance y que no podrá estafar a la justicia”, añade la fiscalía.

El funcionario judicial exhortó a los inmigrantes dominicanos y de otros países que si han sido víctimas de estafas, su despacho es el lugar más seguro para ellos y los exhortó a denunciar a los timadores, no importando el estatus migratorio que tengan, una condición que no les es preguntada por los investigadores de la fiscalía.

“Nunca divulgaremos el estatus migratorio de nadie. Estamos para defenderlos y para detener a los criminales en sus comunidades, pero esto no se puede hacer sin la cooperación de las víctimas”, agregó el fiscal.

La fiscalía mantiene abierta la línea caliente del Programa de Asuntos para los Inmigrantes (212) 335-4016. Hay personal bilingüe para asistir en diferentes idiomas a los extranjeros que no tienen dominio del inglés.