La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Elka Reyes Olivo conocerá este lunes, a las 9:00 de la mañana, la audiencia del juicio preliminar a los once supuestos sicarios acusados de asesinar al coronel retirado Amado González, al empresario Rubén Soto Hayet, al ingeniero Omar Lantigua y a otras dos personas, por altas sumas de dinero de la red del boricua José David Figueroa Agosto.  Se recuerda que en la audiencia pasada la magistrada Reyes Olivo fue recusada por los doctores Pedro Duarte Canaán y Freddy Castillo,  abogados de los imputados Gean Enrique Rojas Matos y Ricardo Pérez Mateo, porque habían solicitado que designara un perito (criminalista) para examinar la legalidad de las evidencias de la Fiscalía, pero la magistrada rechazó la petición, por lo que esta tuvo que dar el plazo que establece la ley.

 Además,  el jurista  Duarte Canaán  recusó a la jueza, con el alegato de  que la magistrada no estaba actuando con la objetividad y menos con la  imparcialidad que requiere un debido proceso, considerando también  que de esa forma había tirado por la borda la Constitución de la República.

La magistrada Reyes Olivo, en dicha audiencia permitió la entrada a los periodistas, pero ordenó a la seguridad del tribunal de que los registrara para que no se les permitiera introducir cámaras ni grabadores, alegando que su decisión está sustentada  por la Ley, pues en la primera audiencia no dejó entrar a los comunicadores.

Los once acusados de sicariato son Geán Enrique Rojas Matos (Gean Carlos), José Miguel Rodríguez Almonte, José Aníbal Hidalgo García (Mormo), Diómedes Moya Durán (Oreja), José Alberto de la Cruz Paredes, Yermi Mercedes Liranzo Cruz, Winston Antonio Rodríguez Tavárez, Ricardo Pérez  Mateo (Maceta), Wilhen o Willian Martínez Ortiz, Juan Amauris Rodríguez Minier y Yoel Antonio Feliz Medina.

Las investigaciones contra los acusados fueron hechas por la comisión indagadora integrada por los generales José Polanco Gómez (ahora jefe de la Policìa) y Juan Manuel Fructuoso Heredia, así como por la fiscal adjunta Cándida Ramos, coordinadora del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quienes sostienen que los imputados recibieron US$ 90,000 de la red del boricua Figueroa Agosto.