Un vice ministro de Administración Pública advirtió a los titulares de organismos gubernamentales que deben tener cuidado con despedir un servidor público adscrito a la carrera administrativa y servicio civil, porque pueden ser demandado y enjuiciado junto al Estado si la acción se lleva a cabo por razones personales y/o políticas. El licenciado Gregorio Montero indicó que cuando un servidor público es incorporado al régimen de Carrera Administrativa goza de estabilidad en el cargo y sólo puede ser despedido por la comisión de falta de quinto grado en el desarrollo de sus funciones o por deficiencia en su desempeño.

De igual manera, el funcionario dijo que ya el servidor público, además de tener garantizada su estabilidad en el puesto que desempeña, “debe disfrutar de unos derechos especiales contemplados en el Artículo 133 del Reglamento 81-94, para la aplicación de la Ley 14-91”, que rige las funciones del Ministerio de Administración Pública.

Entrevistado en el programa Diario de la Mañana, Montero manifestó que actualmente hay 38,600 empleados incluidos en la carrera administrativa que “gozan de estabilidad en sus puestos”.

Manifestó que la meta para este año es que al finalizar la cifra de servidores públicos incorporados a la carrera administrativa alcance los 40,000, para lo que dijo se encuentra empeñado el titular del organismo, doctor Ramón Ventura Camejo.

Dijo que si bien existen debilidades en la aplicación de la Ley 41-91, se procura que cuando se produzca un cambio de funcionarios titulares, no se despida al personal técnico, ingresado mediante concursos, “porque eso compromete su responsabilidad y la del mismo Estado”.

El funcionario significó que en el Estado existen cargos políticos y de confianza de los funcionarios, que pueden ser despedidos, porque muchas veces no ingresan por su capacidad.

En ese sentido, Montero llamó la atención de las nuevas autoridades municipales que serán instaladas el próximo lunes 16 de este mes, para que se abstengan de despedir el personal técnico y capacitado en el desempeño de sus funciones, “porque los cargos en la administración pública no son de un partido político ni de un político determinado”.

Sostuvo que debido a que en el gobierno sólo hay espacio para 425,000 empleados públicos, no todos los que votan por un partido o candidato podrán ser incorporados a la nómina estatal.

La Ley 41-91 establece dos vías para ingresar a la Carrera Administrativa: el Concurso y la Evaluación Interna, planteando esta última normativa un orden de prioridad, partiendo de los servidores que tienen diez años o más en el servicio público, luego los que tienen de cinco hasta diez años, y por último los que tienen de dos hasta cinco años.