"Por más de treinta años nací, viví y crecí como dominicano, pero ahora es como si ya no pudiera decir que pertenezco a esta tierra". Emildo Oguis Bueno, nacido en República Dominicana de padres haitianos, dice ser una de las al menos 200 mil personas que se encuentran en un limbo legal que las hace prácticamente apátridas. Hace unos días, Oguis Bueno denunció al gobierno dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por privarlo, según dice, del derecho a la nacionalidad.

Desde hace tres años reclama que se le otorgue una copia certificada de su acta de nacimiento –un documento indispensable para estudiar, trabajar, viajar y acceder a cualquier servicio- que en principio solicitó para canalizar su traslado a Estados Unidos y reunificarse con su esposa, una ciudadana estadounidense.

"Su caso es emblemático de la discriminación que sufren los dominicanos de ascendencia haitiana", dice a BBC Mundo Francisco Quintana, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Estados Unidos, que junto a otra organización (la Open Society Justice Initiave) presentó el caso ante la CIDH en representación de Oguis Bueno.

Quintana afirma que incluso podría haber más de 200.000 personas en esta situación y agrega que durante décadas las autoridades dominicanas han recurrido a una serie de mecanismos, cuya legalidad cuestiona, para negarles la nacionalidad a los hijos de inmigrantes haitianos.

Se trata de una situación que bien podría ser tema para una obra de Kafka.

El limbo legal en el que se encuentran estas personas cobra mayor dimensión porque, aunque ante los ojos de las autoridades dominicanas son inmigrantes haitianos, Haití tampoco los reconoce.

El caso de Emildo es "emblemático de la discriminación que sufren los dominicanos de ascendencia haitiana".

No es tampoco el primer caso de dominicanos de ascendencia haitiana que llega a la CIDH.

En 2005, el organismo condenó a la República Dominicana por negarles la ciudadanía a dos niñas, identificadas como Yean y Bosico, hijas de madre dominicana y padre haitiano.

Pero el gobierno no acató el fallo. Su reacción fue, según Quintana, "un desacato total al sistema interamericano de derechos humanos".

Aunque desde la década de los años 90 se han presentado denuncias ante organismos de derechos humanos por el trato que se da a la minoría de origen haitiano en ese país, la situación se ha agravado desde 2007, cuando se envió una circular a las oficinas de registro civil para que no emitieran actas de nacimiento certificadas a los hijos de inmigrantes ilegales (casi en su totalidad haitianos).

"Ahí fue que comenzó mi calvario", dice Emildo Oguis Bueno, quen resalta que en los últimos tres años se ha dado cuenta de que hay muchas personas que están en la misma situación que él.
"Nos cierran las puertas".

La joven Altagracia Jean Joseph se encuentra entre los tantos hijos de inmigrantes ilegales haitianos que por décadas han ido a República Dominicana para trabajar como mano de obra barata en el corte de la caña.

Ella terminó la escuela secundaria hace cuatro años y no ha podido entrar a la universidad porque, sin el acta de nacimiento certificada, no la aceptan.

"Nos quieren tratar como inmigrantes. Sin acceso a documentos de identidad se nos van cerrando las puertas", comenta a BBC Mundo.

"Sin acceso a documentos de identidad se nos van cerrando las puertas". Altagracia Jean Joseph, dominicana de padres haitianos

El diario The New York Times publicó recientemente una serie de artículos sobre el tema, citando el caso de varios jóvenes que no han podido cerrar contratos con equipos de béisbol estadounidenses porque no tienen documentación.

El periódico se refería, en particular, a Ángel Luis Joseph, quien hace poco perdió un contrato por US$350.000 con los San Francisco Giants.

La raíz del problema está en cómo las autoridades dominicanas interpretan la Constitución, que hasta principios de 2010 establecía que tenían derecho a la nacionalidad dominicana los nacidos en el país, con excepción de los hijos de diplomáticos y de personas en tránsito.

"Por años, a los hijos de inmigrantes ilegales haitianos se les ha querido negar la ciudadanía, pese a que según la Constitución le correspondía, sobre la base de que sus padres estaban en tránsito cuando en realidad éstos han vivido ahí por décadas”, dice Quintana.
¿Reforma?

A principios de esta año se aprobó una reforma de la Carta Magna según la cual los hijos heredan el estatus migratorio de sus padres, de modo que se ha dado un manto de legalidad a una situación de irregularidad que se produce desde hace muchos años.

De esta forma, afirma Quintana, se ha consagrado en la Constitución "la discriminación por ascendencia étnica".

Sin embargo, el representantes del CEJIL aclara que esta reforma no puede aplicarse de manera retroactiva a las cientos de miles de personas que nacieron de padres haitianos.

Siempre y cuando se apliqué la ley.