La Junta Central Electoral ha emitido ya dos resoluciones intentando detener el uso de recursos públicos para financiar promoción electoral, una práctica habitual durante las campañas en República Dominicana No es la primera vez que se denuncia en el país el uso indebido de fondos públicos para la promoción electoral de los partidos en el poder.

Más bien, se trata de una práctica habitual que ha sido criticada en los informes de la organización cívica Participación Ciudadana de las últimas tres elecciones presidenciales. Sus manifestaciones concretas son básicamente las mismas en los tres casos: la utilización de los actos oficiales de inauguración de obras para la promoción de candidaturas; el uso de vehículos, combustibles, equipos de comunicación y choferes pagados con fondos del Estado en actividades proselitistas; la promoción de programas sociales del Estado como si fueran financiados de manera particular por un candidato; la colocación de propaganda en los vehículos y oficinas gubernamentales; las intervenciones públicas de algunos militares en la campaña; la práctica de ordenar a los empleados públicos a asistir a determinados actos de proselitismo político, a veces incluso en su tiempo de trabajo, y el uso de los medios de comunicación estatales marcadamente a favor del candidato del partido oficial.

En esta ocasión, el primer informe de la organización, publicado el 3 de marzo, destaca, entre otras cosas que 13 de los 16 secretarios de Estado están integrados al Comando de Campaña del PLD, contradiciendo el artículo 80 de la Ley de Función Pública (41-08), promulgada en enero, que prohíbe a los funcionarios “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.

“Lo que pasa es que los que integran los equipos de campaña son los dirigentes del PLD y los dirigentes del PLD también son funcionarios. Lo que nosotros no permitimos es que en el momento en que desarrollan sus actividades públicas, esos funcionarios estén en actividades políticas”, fue la respuesta del encargado de campaña del PLD, Francisco Javier García, al ser cuestionado al respecto, mientras que el secretario general de la organización, Reynaldo Pared Pérez, arguyó que la ley no tiene efecto retroactivo. “La Ley de Función Pública se puso en vigencia después que se integraron los equipos de campaña”, dijo.

Antecedentes
Un precedente poco señalado es la resolución que emitió la JCE en mayo pasado amonestando al entonces precandidato Amable Aristy Castro por publicar con los fondos de la Liga Municipal Dominicana (LMD), institución que dirige, una página que le hacía publicidad política. En ese momento se ordenó a Aristy el pago del costo de la publicidad y la JCE advirtió que las sanciones de este tipo se extenderían a cualquier poder del Estado que cometiera la misma infracción.

Ahora, los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) están a la espera de que la JCE estudie las supuestas pruebas presentó a finales de febrero sobre el uso de recursos estatales en publicidad electoral. Según el PRD el gobierno ha gastado más de 40 millones de pesos en publicidad en los dos primeros meses del año. Participación Ciudadana también denunció en su informe que el gasto del gobierno en publicidad se incrementó de 70 a 187 millones mensuales entre 2004 y 2007.



Atribuciones de la Ley Electoral a la Junta Central
La principal base legal de las actuaciones de la Junta Central Electoral (JCE) para detener el uso de recursos estatales en la campaña electoral están dadas en el artículo 47 de la Ley Electoral (275-97), que prohíbe a los partidos políticos beneficiarse directa o indirectamente de los recursos y medios que pertenezcan al Estado para realizar sus actividades proselitistas.


El mismo artículo señala: “La Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

Esta es la base legal de la resolucion emitida el pasado martes por la JCE ordenando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) suspender el pago de las llamadas “nóminas CB”, sueldos a militantes y simpatizantes de la institución que no ejercen ninguna labor y cuya existencia denunciara a principios de marzo la periodista Nuria Piera. “Se trata de recursos del Estado en beneficio de una candidatura, por lo que la Junta tiene la competencia para tomar una decisión”, explica el juez Eddy Olivares. Este no es el único punto de la Ley Electoral que los partidos han pasado por alto. El pasado 17 de marzo venció el plazo establecido por ésta para que las organizaciones políticas entregaran a la JCE sus informes financieros sobre ingresos y gastos durante el 2007. Ninguno de los tres partidos mayores, sin embargo, han entregado sus informes a la Junta.