17 policías, incluyendo al oficial dominicano José Ramos, fueron acusados el viernes último de participar en uno de los mayores escándalos y soborno de los últimos años y que involucra el arreglar multas de tránsito, beneficiando a ejecutivos, amigos, familiares y hasta un narcotraficante nativo de Guyana. Un Gran Jurado de la Corte Criminal de El Bronx emitió el edicto para que los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), fueran llevados a la justicia ante las abrumadoras evidencias contra ellos. De ser hallados culpables no sólo enfrentarían severas penas en la cárcel, sino que además perderán salarios, pensión y otros beneficios. A los imputados se les hicieron ofertas para penas menores si se declaran culpables, pero fueron rechazadas por los oficiales.

Pero varios de ellos tienen cargos graves en el expediente, como el caso del policía dominicano, vinculado al narcotraficante Lee King (Marco Mack) y quien aparentaba trabajar como “barbero” en una peluquería del vecindario Mott Haven en El Bronx.

La barbería era propiedad de Ramos. El narco usó el permiso de estacionamiento 2.007, mientras en la gaveta del carro, un Nissan Murano guardaba una pistola calibre .380 que utilizaba en el negocio de las drogas.

Los lazos del policía dominicano con el vendedor de drogas fue descubierto por la investigación de Asuntos Internos el 18 de agosto de este año cuando Ramos recibió una llamada de un amigo identificado como Steven Barbu, diciéndole que quería un ticket fijo para juegos deportivos.

La conversación fue grabada y los investigadores dieron seguimiento a otras llamadas recibidas por Ramos, la más reciente en octubre. Esas llamadas destaparon la caja de pandoras del escándalo de las multas arregladas.

El policía dominicano fue fotografiado y filmado en video cuando el 3 de ese mismo mes, se encontró con un hombre al que le había impuesto una multa de tráfico, luego de que el sujeto se involucrara en una pelea de pandillas.

Las acusaciones van desde sobornos, corrupción, perjurio hasta conducta oficial impropia. Se esperaba que para hoy lunes los policías se entregaran a la justicia para ser presentados en la corte de El Bronx. El Sindicato de Patrulleros Benevolentes (PBA, inglés) que agrupa a los policías locales, planeaba enviar docenas de sus miembros a las salas de justicia para respaldar a sus compañeros acusados.

Muchos, además de las grabaciones como evidencia, fueron delatados por colegas de uniforme, quienes testificaron contra ellos ante el Gran Jurado. En el expediente los fiscales sostienen que el nivel del escándalo salpicó de corrupción a oficiales superiores que se beneficiaban de los tratos que hacían los subalternos en las calles.

También que al parecer, la Oficina de Asuntos Internos, dirigió la investigación en otra dirección en lo que habrían participado algunos fiscales que sometieron el expediente al Gran Jurado.  Al menos dos supervisores estarían implicados en el caso.

Entre los beneficiarios del escándalo hay prominentes neoyorquinos, incluyendo un reconocido reverendo cristiano.