Troy Davis, condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1989, fue ejecutado hoy con una inyección letal en Georgia (EE.UU.) tras varios intentos de última hora de su defensa para salvarle la vida y pese a las dudas sobre su culpabilidad y las numerosas peticiones de clemencia.

La ejecución, programada para las 23.00 GMT del miércoles, se cumplió, finalmente, a las 03.08 GMT del jueves, después de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara una apelación de los abogados de Davis, de 42 años y de raza negra, confirmó en una breve comparecencia ante la prensa una portavoz de la cárcel de Jackson (Georgia).

No fue mi culpa. No tenía una pistola. Soy inocente, dijo Davis antes de recibir la inyección, según relataron a la prensa varios testigos de la ejecución.

La apelación ante la Corte Suprema fue el último recurso empleado por los abogados de Davis tras una larga jornada en la que sus diversos intentos por lograr la que hubiera sido la cuarta suspensión de la ejecución desde 2007 resultaron infructuosos.

A las afueras de la cárcel de Jackson se hizo el silencio entre los cientos de manifestantes que se habían congregado para pedir clemencia para Davis ante las dudas sobre su culpabilidad.

El caso de Davis, presentado por su defensa como el prototipo del negro condenado injustamente por la muerte de un blanco, ha reabierto el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte en EE.UU.

Por la conmutación de la máxima pena contra Davis habían rogado desde el Papa Benedicto XVI hasta el expresidente estadounidense Jimmy Carter, así como un millón de personas en todo el mundo en una campaña de firmas.

Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato en 1989 de Mark MacPhail, agente de policía de la localidad de Savannah, en Georgia.

Siete de los nueve testigos que declararon en su contra en el juicio posteriormente se retractaron, según su defensa.

Sin embargo, los fiscales se apoyaron para culparlo del crimen en un informe de balística, que sostiene que había similitudes suficientes entre los casquillos de bala encontrados en el sitio del homicidio y los hallados en el lugar de otro tiroteo ocurrido más temprano como para demostrar que podrían haber provenido de la misma pistola.

Según la fiscalía, Davis primero hizo disparos durante una fiesta en torno a una piscina en el barrio Cloverdale de Savannah e hirió a un hombre en la cara, y luego disparó y mató a MacPhail.

La madre del policía asesinado, Anneliese MacPhail, declaró a varios medios que está convencida de la culpabilidad de Davis.

Davis, un completo desconocido hace solo una semana, fue este miércoles tema del día en Twitter y en gran parte de la prensa mundial.

Incluso el mandatario estadounidense, Barack Obama, se vio forzado a aclarar que no iba a intervenir en el caso, pese a que muchos ciudadanos le pedían que lo hiciera, según un comunicado emitido por su portavoz, Jay Carney.

Mientras toda la atención se centraba en la suerte de Davis, este miércoles se llevó a cabo otra ejecución con inyección letal en el estado de Texas, la de Lawrence Russell Brewer, de 44 años y un racista radical que consideraba superior la raza blanca.

Brewer, quien no quiso hacer ninguna declaración final, había sido condenado a muerte por asesinar en 1998 a James Byrd Jr., un hombre de raza negra de 49 años a quien encadenó a la parte de atrás de su camioneta y lo arrastró hasta destrozar su cuerpo.

Con estas dos ejecuciones suman 1.269 las realizadas en los 34 estados de EE.UU. en los que está vigente la pena muerte desde 1976, cuando se restableció el castigo tras una moratoria de diez años.

Tales cifras son del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés), un organismo independiente que se encarga de elaborar estadísticas al respecto en EE.UU., donde un 60 % de la población sigue apoyando ese castigo, según encuestas recientes.

Texas, con 475, es el estado que más ejecuciones ha registrado desde 1976, seguido muy de lejos por Virginia (109), y su gobernador, Rick Perry, ahora aspirante a la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2012, es un convencido defensor de la pena de muerte.

En la actualidad hay más de 3.200 personas en el corredor de la muerte en EE.UU. De ellas más de 700 están en California, donde no se llevan a cabo ejecuciones desde hace tiempo porque son demasiado costosas.